Sinopsis: La empresa minera GR Mining, filial de la minera canadiense, Gold Reserve, presentó una nueva solicitud de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela ante el CIADI, reclamando una suma superior a los 7000 millones de dólares por la presunta expropiación del proyecto minero Siembra Minera y por el incumplimiento de los acuerdos previos previamente suscritos. La demanda se sustenta en la presunta violación del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) entre Barbados y Venezuela, alegando que el Estado venezolano no solo anuló los derechos mineros otorgados a la empresa, sino que también incumplió pagos acordados, negoció los activos con otros inversores y arbitrariamente detuvo a su representante legal en Venezuela. En consecuencia, GR Mining ha interpuesto una demanda por daños y perjuicios, daños morales, intereses, costes y costas del procedimiento, tras agotar los mecanismos administrativos y tras enviar una notificación formal a la República de Venezuela acerca de la controversia en el año 2023, sin obtener respuesta favorable a sus reclamos.
El 5 de marzo de 2025, la minera canadiense Gold Reserve Ltd., a través de su filial de Barbados GR Mining, presentó una solicitud de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en virtud del Reglamento del Mecanismo Complementario del Centro.
El arbitraje se origina en supuestas medidas arbitrarias e ilegales adoptadas por la República de Venezuela, que habrían privado a GR Mining de sus derechos sobre el multimillonario proyecto minero Siembra Minera, una de las mayores reservas mundiales de oro, cobre, plata y otros minerales, situada en el sureste de Venezuela, dañando en consecuencia sus inversiones en dicho proyecto.
En su Solicitud de Arbitraje, GR Mining alega que la República de Venezuela violó las disposiciones del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de Barbados para la Promoción y Protección de Inversiones (TBI), firmado en Bridgetown el 15 de julio de 1994. En dicho instrumento la República de Venezuela quedó obligada a otorgar a los inversores barbadenses un trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas (artículo 2.2) y un trato no menos favorable que el otorgado a otros inversores extranjeros y a sus propios nacionales y empresas (artículo 3), así como las disposiciones que prohíben la expropiación salvo en circunstancias limitadas y que incluyen la exigencia de una indemnización pronta, adecuada y efectiva (artículo 5).
Si bien el importe exacto de las pérdidas sufridas por la minera dependerá de la cuantificación que de ellas se haga en el arbitraje, la empresa estima que los daños y perjuicios superarían los 7000 millones de dólares. Además, la demandante solicitó al Tribunal Arbitral que condenase a la República de Venezuela a indemnizarla por los daños morales en relación con la intimidación, el acoso, la detención ilegal y el encarcelamiento continuado por parte del gobierno venezolano de su representante comercial y legal en Venezuela, junto con los respectivos intereses, costos y costas del procedimiento.
Antecedentes
Tal como señalamos en nuestro artículo anterior [véase aquí], en 2016, tras la firma de un Memorando de Entendimiento, en el que se contemplaba el pago de un laudo arbitral contra la República de Venezuela dictado por un tribunal del CIADI en septiembre de 2014 a favor de Gold Reserve en relación con la explotación del yacimiento minero "Las Brisas", la República de Venezuela y Gold Reserve firmaron diversos acuerdos para la explotación del proyecto minero Siembra Minera, que incluía tanto el mencionado yacimiento de "Las Brisas" como el yacimiento "Cristinas". A tal efecto, crearon la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera S.A., cuyo 55% pertenece al Estado venezolano, a través de la empresa estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM), y el 45% restante a Gold Reserve, a través de su filial barbadense GR Mining.
Asimismo, como parte de dichos acuerdos, Venezuela se comprometió a emitir diversos decretos y resoluciones para facilitar la constitución y el funcionamiento de la empresa mixta.
El capital necesario estimado para la ejecución del Proyecto Minero Siembra Minera ascendía a 2 140 millones de dólares para los cinco primeros años.
Venezuela acordó adelantar aproximadamente 110 millones de dólares a la empresa mixta para cubrir los costes del primer año, incluidos los necesarios para el inicio temprano de las actividades previas a la explotación y de construcción.
El 27 de marzo de 2017, Venezuela publicó el Decreto n° 2788 [véase aquí], que asignó a la empresa mixta Siembra Minera los derechos sobre la explotación de oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos en el Proyecto Minero Siembra Minera por un período de 20 años, con posibilidad de renovación.
Así, en nombre de Siembra Minera, la empresa GR Mining realizó los estudios técnicos necesarios del área y solicitó los permisos iniciales para ocupar y desarrollar el Proyecto. Asimismo, inició varios programas de bienestar social en la región, incluida la construcción de escuelas y la financiación de medidas de salud pública.
No obstante, según señala la demandante en su pedido de arbitraje, la República de Venezuela no solo no cumplió con el pago del laudo adeudado, abonando solo 254 millones de los más de 1 000 millones de dólares acordados, sino que tampoco adelantó los 110 millones de dólares prometidos para solventar los costos del primer año del proyecto Siembra Minera, ni emitió los decretos y resoluciones a los que se había comprometido para permitir que el Proyecto Minero siguiera adelante.
A pesar de haber enviado numerosas cartas al gobierno de la República de Venezuela expresándole su preocupación por las demoras, así como por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, GR Mining no recibió respuesta alguna de parte del gobierno venezolano.
Más aún, la minera señala que, en 2020, funcionarios del gobierno mantuvieron reuniones con inversores de Francia, el Reino Unido y Turquía con miras a negociar con ellos los derechos mineros concedidos previamente a GR Mining.
Según la minera, en octubre de 2021, el Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico inició una investigación de carácter administrativo para determinar posibles incumplimientos por parte de Siembra Minera con respecto a las obligaciones asumidas para el desarrollo del proyecto. Es decir, el Ministerio comenzó a investigar el posible incumplimiento por parte de la empresa mixta a cargo del proyecto, de la cual el estado venezolano era el accionista mayoritario, a través de la empresa estatal CVM, y, además, principal responsable del incumplimiento.
A partir de esa investigación, el Ministerio concluyó que Siembra Minera no había impulsado suficientemente el proyecto minero en consonancia con sus obligaciones como titular de los derechos mineros. El Ministerio afirmó que Siembra Minera no presentó a tiempo los estudios técnicos ni iniciado las operaciones en el emplazamiento del proyecto, el cual, según el gobierno, estaba abandonado e invadido por pequeños operadores mineros ilegales y bandas que causaban daños medioambientales.
A partir de ello, el 7 de marzo de 2022, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico emitió la Resolución Nro. 5, mediante la cual declaró el Incumplimiento Grave de las obligaciones que la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A asumió como titular de los derechos mineros transferidos en el Decreto N° 2.788, y revocó los derechos transferidos a la empresa sobre el Proyecto Minero Siembra Minera, es decir, sobre los yacimientos de "Las Brisas" y "Cristinas".
Tras el rechazo de los recursos administrativos contra dicha resolución, el 7 de diciembre de 2020, Gold Reserve solicitó su anulación ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
No obstante, según Gold Reserve, en junio de 2023, el representante comercial y legal de la compañía en Venezuela fue detenido y encarcelado ilegalmente por los servicios de inteligencia por haber participado de un intento de golpe de estado contra la administración del Presidente Maduro, y hasta el momento permanece detenido.
La demandante sostiene que, tras dicha detención, todos los abogados de la empresa se negaron a representarla ante el Tribunal Supremo por temor fundado a las represalias del gobierno, motivo por el cual finalmente el Tribunal declaró desierto el recurso de nulidad interpuesto.
Finalmente, el 4 de diciembre de 2023, Gold Reserve envió al gobierno de Venezuela una notificación formal de controversia, la cual fue ignorada.
